Litio en la Puna jujeña

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2010

Ingª Silvia Naishtad

snaishtad@clarin.com

De mi consideración:

No puedo participar de su entusiasmo expresado en la nota que Ud. firma y que se publicara en el matutino Clarín del 01/11/10, en cuanto a la puesta en marcha del yacimiento de litio, localizado en Caucharí, Pcia. de Jujuy, para extraer probablemente Cloruro de Litio (ClLi) o Carbonato de litio (CO₃Li₂), con múltiples usos, para la industria farmaceútica o, como litio metálico al 99%, obtenible por electrólisis. De este último, entre más de 600 usos industriales aparece la materia prima para baterías y pilas utilizables en teléfonos celulares, autos eléctricos, etc.

El motivo de la discrepancia, está en su implícito apoyo a la forma legal en que el Estado argentino, bajo el menemismo y los gobiernos que lo sucedieron, encaró la actividad extractiva de los minerales metalíferos y no metalíferos. Con la promulgación en 1994 de la llamada Ley de Inversiones Mineras, N° 24.196, se legalizó el pillaje y el saqueo de nuestros recursos mineros a manos del capital imperialista, en la misma línea de extranjerización de la economía que comenzó la dictadura colonial y que luego la democracia colonial, potenció con el menemismo y el kirchnerismo. Así fueron regaladas al imperialismo, las empresas públicas, construidas con el aporte impositivo de generaciones de argentinos, se aceptó y se continúa pagando una deuda Externa ilegítima y fraudulenta. Todo lo que hizo el país en materia de Servicios Públicos, de combustibles, de energía eléctrica, de petroquímica y química pesada, de comunicaciones, de producción de acero, de carbón, de producción de automotores, de construcciones navales, de construcciones aeronáuticas, de construcciones ferroviarias y de muchísimas otras cosas más, las hizo el Estado Argentino, cuando este estuvo al comando de hombres de la Revolución Nacional como el Dr. Hipólito Yrigoyen o el Gral. Juan Domingo Perón. De todo esto parecen haberse olvidado los llamados dirigentes del injusticialismo, que adoptaron, con armas y bagaje, el programa de las contrarrevoluciones Libertadora y del Proceso de Reorganización Nacional, pero sin reconocerlo explícitamente.

Está claro que la actividad minera, tiene dos partes perfectamente diferenciadas, a saber la extracción y la metalurgia de los minerales extraídos. La metalurgia es el valor agregado que en lugar de efectuarlo en la Argentina, se realiza en las metrópolis imperialistas; cuando los argentinos, que estamos en capacidad de hacerlo y que la partidocracia –debido a su colonización cultural-, no quiere que lo hagamos dentro de nuestras fronteras. Ello resultaría posible de hacerlo, si hubiese una voluntad política y los argentinos creásemos una empresa estatal que efectuara, por una parte, la extracción de los minerales metalíferos –Oro (Au), Plata (Ag), Cobre (Cu), Molibdeno (Mo), Cromo (Cr), Litio (Li), Hierro (Fe), las Tierras Raras, Uranio (U), etc, etc, etc- y no metalíferos como el potasio (K) o los boratos. La otra función de una empresa de esas características, sería la transformación industrial o metalurgia, en el caso de los minerales metalíferos, hasta llegar la producción de lingotes. En la Argentina, por ejemplo, con capitales argentinos, la firma ALUAR produce por electrólisis, aluminio metálico en Puerto Madryn, Pcia. del Chubut, sin necesidad de recurrir al capital imperialista ni al BID ni al Banco Mundial. Cabe señalar que si el país efectuara la metalurgia de los minerales metalíferos, como pretende realizarlos en el caso del litio, la hermana República de Bolivia con una empresa estatal asociada a empresas extranjeras, en una relación de 90% a 10%, nuestras provincias tendrían recursos impositivos genuinos para salud, educación, caminos, viviendas, etc, sin necesidad de mendigar al Estado nacional, los recursos de coparticipación federal y todo ello, debido a las inversiones industriales, que generaría la mencionada metalurgia de los minerales extraídos dentro de nuestras fronteras. Además, retendrían la sangría de su principal recurso disponible, que son los provincianos que deben dirigirse a las grandes ciudades en búsqueda de empleo.

Las inversiones a realizar, serían irrelevantes si se las midiera con la capacidad interna de ahorro que tiene el país y que se desarrollan en varios períodos. Ud. misma, hace referencia de que en los primeros 40 pozos exploratorios, se invirtieron u$s 65 millones. Cuánto paga anualmente la República Argentina por servicios financieros y amortización de capital, con tasas de interés confiscatorias y aplicación de anatosismo (intereses sobre intereses), de una deuda que está probada en sede judicial su ilegítimidad y fraudulencia. Los superávits externos de nuestro Comercio Exterior, financian las importaciones, pero también la fuga de capitales y el sistema impositivo es uno de los más regresivos del mundo, si no el más regresivo.

O la minería la desarrolla el capital imperialista –para el pillaje o el saqueo- o la desarrolla el Estado Nacional –para los argentinos-, no hay términos medios. Esto es lo que no quieren nuestros políticos partidocráticos y colonizados, incluída la Presidente Cristina Fernández. En el primer caso, la Argentina continuará siendo una colonia del capital financiero internacional, europeo, norteamericano, canadiense o australiano y el valor agregado se realizará en las metrópolis que manufacturarán, en el caso del litio, las baterías a que Ud. hace mención en su detallada nota. Ya FMC Lithium (norteamericana), se lleva las sales de litio, en el yacimiento Salar del Indio Muerto, Pcia. de Catamarca, las embolsa en Salta y las exporta por mar, desde el puerto chileno de Antofagasta hacia San Francisco (EEUU, donde serán industrializadas.

La República Argentina es un inmenso reservorio de minerales metálicos (oro, plata, cobre, litio, molibdeno, zinc, plomo, cesio, rubidio, uranio, etc, etc, etc), que pocos países del mundo disponen. La superficie potencial de carácter minero de la Argentina, relevada por la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM) y por la División Geología de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA), ambas dependientes del Estado Nacional, es mayor a los 750.000 km², mientras que el área prospeccionada es un poco menor a los 150.000 km².

Si el Congreso Nacional tuviese la voluntad política de derogar la Ley 24.196, llamada de Inversiones Mineras, y el Estado argentino tomara a su cargo, tanto la extracción como la fundición de los minerales, la Argentina estaría en condiciones de ser uno de los países industriales más importantes del mundo. Inclusive, el ocultamiento siniestro de la prensa servil con el capital extranjero nada nos dice cuanto le costaría al país montar una fundición. A título de ejemplo, una fundición de mineral de cobre, con una producción anual de 204.000 toneladas -procesando anualmente unas 630.000 tn de mineral concentrado-, con tecnología japonesa estaría costando unos 750 millones de dólares y se amortizaría en menos de diez años. O sea estamos hablando de valores irrelevantes, en comparación con las inversiones requeridas para la actividad extractiva propiamente dicha. Pero estos detalles son ocultados sistemáticamente y no por casualidad por la prensa del régimen y no son difundidos en los institutos universitarios. En el caso del oro y la plata estaríamos hablando de niveles similares de inversión y con cuatro o cinco fundiciones a nivel regional, distribuidas adecuadamente, cubriríamos el país para sus necesidades industriales de estos y de otros metales industriales. Si tuviéramos transformación industrial de los minerales extraídos, en lugar de exportar materias primas como se hace actualmente –sin ningún control ni impositivo ni aduanero-, exportaríamos baterías, teléfonos celulares, autos eléctricos, etc, con un gigantesco valor agregado que quedaría en el país. Y si queremos ver en paralelo, miremos lo que ha hecho la República Federativa del Brasil, en menos de 30 años. O sea que es posible, si existe la voluntad política de la dirigencia, no como es el caso nativo, en que la partidocracia, el periodismo y los intereses de la dependencia tienen alma de colonizados, además de ser altamente corruptos.

No queremos concluir las ideas formuladas, sin hacer un comentario del como pueden llevarse a cabo estos proyectos nacionales. En primer término la derogación de la Ley 24.196, está indisolublemente unida al restablecimiento del imperio de la Constitución de 1949 y particularmente con el art. Nº 40 de la misma, que prohíbe al capital privado la explotación del subsuelo -a perpetuidad-, ya que el mismo pertenece en forma imprescriptible a la Nación. El concepto del uso del suelo está extendido a todas las actividades extractivas -hidrocarburos, minerales, etc, etc, etc-. Inclusive hoy día, la Constitución Bolivariana ha tomado casi literalmente aquel concepto revolucionario que se aprobara en el 49.

El financiamiento de las inversiones estatales, tanto en lo que hace a la actividad extractiva (minera) como la industrial (fundiciones), surgirá del aumento del ahorro interno, generado con los fondos que hoy día y desde hace muchos años, el Estado Nacional los detrae del Gasto Social (Salud Pública, Educación, Defensa Nacional, Seguridad, etc), del Consumo y de la Inversión Interna, con el objeto de pagar servicios financieros y amortización de una ilegítima Deuda Externa. Así se obtendrán las sumas requeridos para esas y otras obras de carácter estratégico, como ferrocarriles, puertos, caminos, desarrollo de industrias navales, aeronáuticas, etc, etc, etc. En última instancia, los fondos requeridos surgirán de la voluntad política de los gobernantes de terminar con el flagelo de la Deuda Externa, tal lo planteara en diciembre del 2001, el ex Presidente Adolfo Rodríguez Saá en el Congreso Nacional, con el aplauso entre otros del Sec. Gral. de la CGT, Hugo Moyano, quién ahora apoya el pago de aquella, por parte de la administración kirchnerista.

Esta forma de plantear metodológicamente los requerimientos económicos, se halla unida a la planificación económica que debería efectuar el Capitalismo de Estado, actuando para sí y para la sociedad. Debemos desterrar el concepto de que puede haber un capitalismo serio en la etapa de su descomposición (imperialismo), salvo que se esté adulando a los Grandes Grupos Económicos (GGE), los que son junto con los banqueros y políticos colonizados son directos responsables -aunque no los únicos- del desastre de los últimos treinta años. El verdadero apoyo al Sector Privado-, que le permita desarrollarse internamente y poder exportar sus excedentes, no provendrá del capital imperialista sino del Estado Nacional. Es el Estado Nacional -el que en un contexto de país Liberado- podrá proveer a las pymes de protección arancelaria y paraarancelaria necesaria para la fabricación de sus productos, otorgarle asistencia técnica para actualizarse tecnológicamente y al mismo tiempo, brindarle el financiamiento adecuado a sus ingresos y utilidades industriales, sin confiscarlo ni llevarlo a la quiebra. Eso último fué lo que ocurrió a partir del 24 de marzo de 1976, cuando se enseñoreó la dictadura de la usura internacional y con la que tenemos que terminar. Para poder hacerlo, es necesaria la voluntad política de llevar adelante la Revolución Nacional y liberarnos de la opresión extranjera y sus sirvientes nativos. Esa es nuestra voluntad como argentinos.

Sin otro particular y quedando a la espera de v/respuesta, hago presente la oportunidad, para saludar a Ud. muy atte.

Leopoldo Markus

Sec. Prensa y Propaganda

Partido Socialista de la Izquierda Nacional (PSIN 2ª época)

leopoldo.markus@gmail.com

TE 4613-5142/15-5118-7367

PD Ud. señala al final del artículo que los más “entusiastas” de este negocio aventuran que la Puna boliviana y argentina, podría llegar a ser “Arabia Saudita”. Ello es cierto en el caso de la Argentina, ya que desde el 24 de marzo de 1976 es Arabia Saudita, por cuanto es una colonia financiera del capital internacional.